Por: Marisela Gutiérrez
No escribo para agradar, escribo para que despierten.
Con la entrada en vigencia hoy del nuevo Código Penal de la República Dominicana, que incorpora disposiciones sobre la difusión de contenidos y que muchos han denominado popularmente como la «Ley Mordaza», tras cumplirse el período de vacancia de la Ley 74-25, periodistas, comunicadores y medios de comunicación podrían quedar como el muerto que se llora por segmentos.
Mientras las autoridades defienden la entrada en vigor de la ley asegurando que, si es necesario, algunos aspectos serán ajustados sobre la marcha, surge una pregunta inevitable: ¿ajustes para cuándo?
¿Para cuando los primeros periodistas, comunicadores o ciudadanos sean procesados por divulgar informaciones que la nueva normativa limite o sancione?
¿Para cuando un pueblo salga a las calles a reclamar sus derechos y esas manifestaciones sean interpretadas bajo el alcance de la nueva legislación?
¿Para cuando las cárceles no tengan espacio para recibir a más personas?
¿O para cuando el presupuesto del Estado ya no alcance para sostener el costo de más procesos judiciales y más privados de libertad?
Las leyes deben nacer para fortalecer la justicia, proteger los derechos fundamentales y generar confianza en la ciudadanía, no para sembrar incertidumbre sobre el ejercicio de libertades tan esenciales como la libertad de expresión y de prensa.
Porque cuando una ley comienza a generar más temor que confianza, el debate deja de ser jurídico y pasa a ser un asunto que involucra a toda la sociedad.
El tiempo será quien determine si los ajustes prometidos llegan antes de que sus consecuencias recaigan sobre quienes hoy ejercen el derecho de informar y de opinar.
