Por Hilario Ramírez
Es momento de unificar criterios entre los actores responsables de las políticas constitucionales para resguardar la salud física y emocional de los ciudadanos.
Más allá del cambio mediático promovido por el PRM durante el período previo a la pandemia, el país necesita una transformación real que sea asumida por todos los sectores de la política dominicana.
La educación debe convertirse en el principal instrumento para fortalecer el entendimiento entre la población y las autoridades, especialmente durante las interacciones cotidianas entre ciudadanos y agentes policiales.
En diferentes plataformas digitales, numerosos internautas han manifestado preocupación por el manejo de algunos procedimientos policiales.
Expresiones como: «si la Policía está que no se aguanta, ahora se aguantará menos» reflejan el temor generado tras la entrada en vigor, el pasado 3 de agosto, del nuevo Código Penal.
Una advertencia similar suele escucharse en el ámbito gremial cuando las actuaciones de una directiva se apartan del marco jurídico y de la política de armonía esperada por sus miembros.
En esos casos surge la conocida expresión: «todo anda manga por hombro», lo que con frecuencia conduce a solicitar la convocatoria urgente de una asamblea para corregir el rumbo.
Ahora imaginemos un escenario en el que algunos agentes policiales pierdan el control al enfrentar una población alterada por la incertidumbre y una deficiente comunicación institucional.
Como referencia pueden citarse diversos acontecimientos ocurridos entre 2025 y 2026, antes de la promulgación del nuevo Código Penal. Entre ellos, el caso de un cabo de la Policía Nacional que mató a un adolescente que corría para informar que la motocicleta retenida a un conductor en el sector Herrera, Santo Domingo, era de su propiedad.
La reforma policial debe avanzar con urgencia mediante un sistema permanente de formación que fortalezca las capacidades psicológicas, comunicativas y éticas de los agentes.
Un policía bien preparado debe estar en condiciones de controlar sus emociones, incluso frente a insultos o provocaciones de personas carentes de educación y respeto.
La Policía Nacional cuenta con un número limitado de hombres y mujeres para servir y proteger a una población mucho mayor.
Esa realidad obliga al Estado dominicano a invertir en una formación integral y continua para todos los miembros de los cuerpos del orden, con el propósito de fortalecer su conducta y mejorar la relación con la ciudadanía.
Las palabras pueden herir la dignidad, pero no justifican una respuesta desproporcionada de quien tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley.
Aunque un conductor se resista a una fiscalización e insulte a los agentes de tránsito, estos deben actuar con profesionalismo, respeto y estricto apego a la ley. Su deber es someter al infractor sin violentar sus derechos fundamentales y hacer comprender que toda conducta ilícita tiene consecuencias legales.
El dicho popular de que «quienes hacen las leyes también hacen las trampas» suele repetirse con frecuencia.
Sin embargo, quienes participaron en la elaboración del nuevo Código Penal también estarán sometidos a sus disposiciones si algún día infringen la ley. Por ello, además de fortalecer la educación policial, debe promoverse una cultura institucional basada en el respeto mutuo, la transparencia y la correcta comunicación entre autoridades y ciudadanos.
Quienes redactaron el nuevo Código Penal deben recordar que, como cualquier ciudadano, están obligados a cumplir las normas que contribuyeron a crear.
Unos cuerpos castrenses debidamente educados podrán gestionar con mayor eficacia situaciones de alta tensión social, siempre que prevalezcan el respeto, el diálogo y el apego a la ley.
Del mismo modo, la confianza ciudadana dependerá de que las instituciones actúen con transparencia y protejan el patrimonio público.
La educación y el buen trato tienen un enorme poder para prevenir conflictos. Sin embargo, cuando la población percibe burlas, impunidad o un manejo irresponsable de los recursos públicos, aumenta el riesgo de que la frustración colectiva desemboque en el desorden social.
El nuevo Código Penal no puede, por sí solo, corregir problemas como la impaciencia, la intolerancia o el desengaño ciudadano frente a la corrupción.
Esas realidades requieren instituciones sólidas, servidores públicos responsables y una educación cívica permanente que fortalezca la convivencia democrática.
