El Senado, que sí reconoce la necesidad de establecer un corredor humanitario, abunda en que «se trata de un acto administrativo ilegal, de consecuencias desproporcionadas para la nación, llevado a cabo por un organismo que, al hacerlo, ha cometido un verdadero exceso de poder».
Por otra parte, los senadores piden a «las fuerzas políticas, económicas y sociales que den carácter de urgencia a las discusiones en curso para lograr un consenso suficiente para una salida sostenible de la crisis».
Con el objetivo de aplacar la crisis sociopolítica, económica y de violencia que vive Haití, agravada ahora por el cólera, demandan a Henry una prórroga en aplicación de los nuevos precios de los carburantes, cuyo anunció intensificó aún más las protestas antigubernamentales, para así «aliviar los pequeños bolsillos» y la situación que viven «los más desposeídos».
La resolución de la cámara alta se conoce después de que en una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Henry pidiera la solidaridad de los «países amigos de Haití» que tienen la capacidad de «desplegar sin demora una fuerza armada internacional especializada para hacer frente a la crisis humanitaria».
«En particular, garantizando el libre flujo de agua, combustible, alimentos y suministros médicos desde los principales puertos y aeropuertos hasta las comunidades y los centros de salud», detalló en la misiva.
Esta situación, recordó, ha provocado la paralización total de la distribución de combustible en todo el país y ha causado el cierre de hospitales y escuelas, así como la inactividad de las estaciones de bombeo, lo que ha imposibilitado el suministro de agua potable en varias zonas, un bien esencial ante la reaparición del cólera en el país.
«El apoyo que solicitamos debe ayudarnos a recuperar el control de la situación, a restablecer la autoridad del Estado, a garantizar el respeto del Estado de derecho y a prever en un futuro próximo la vuelta al funcionamiento normal de las instituciones democráticas», continuó.
Mientras tanto, se intenta sin éxito recuperar la normalidad en el país, después de cinco semanas con las actividades prácticamente paralizadas.
Instituciones públicas y empresas privadas permanecen este lunes cerradas y el transporte público no funciona, aunque sí pudieron abrir sus puertas las entidades bancarias, que han establecido un calendario de apertura de solo tres días a la semana.
Tanto en Puerto Príncipe como en ciudades de provincia como Gonaïves, continúan unas manifestaciones contra el Gobierno marcadas por los saqueos, tras el anuncio del aumento del precio de los combustibles.
Una violencia que se suma a la de las bandas armadas, que se han hecho fuertes en el área metropolitana de Puerto Príncipe causando cientos de muertos y miles de desplazados en el país más pobre de América.
