SANTO DOMINGO,RD,– El Ministerio Público solicitó este viernes prisión preventiva contra cuatro agentes policiales y tres civiles involucrados en la muerte de David de los Santos Correa el 1 de mayo tras ser golpeado cuando estaba detenido, el 27 de abril, en el destacamento policial del sector Naco de la capital.
Los responsables son el capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el cabo Alfonso Decena Hernández y el raso San Manuel González García (o Sari Manuel González García), informó la Procuraduría General en un comunicado.
También, los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes estaban recluidos en la celda de la cárcel del destacamento policial donde los agentes imputados llevaron a la víctima tras arrestarlo en una conocida plaza comercial.
LOS HECHOS
Según el documento, mientras De los Santos Correa estaba en una plaza comercial Agora Mall, de la avenida John F. Kennedy, exhibió una actitud «amenazante» contra una empleada de uno de los locales. Los compañeros de esta última alertaron primero a un agente policial que estaba también de compras y luego a la seguridad de la plaza, que lo retuvo y alertó a la Policía, la cual se presentó al lugar minutos después.
De los Santos fue detenido y conducido con las manos esposadas hacia atrás (lo cual es indebido) al destacamento del ensanche Naco, donde se enfrascó en discusión con otros tres que también estaban detenidos , quienes lo golpearon y sometieron a “actos de tortura o barbarie”.
ESPARCIERON GAS PIMIENTA EN LA CELDA
El Ministerio Público establece que cuando los tres detenidos golpeaban a la víctima, en vez de intervenir para garantizar su integridad, los agentes policiales procedieron a esparcir gas pimienta en la celda.
Debido a los golpes contusos que presentaba De los Santos, los agentes diligenciaron con el Sistema de Emergencias 9-1-1 su traslado al hospital Francisco Moscoso Puello, en donde, el 29 de abril, sus familiares lo localizaron y gestionaron su traslado al Darío Contreras, en donde falleció el día 1 de mayo
El documento del Ministerio Público señala que los agentes policiales, además de ser coautores de “actos de tortura o barbarie”, mintieron a los familiares de la víctima, a quienes indicaron que el joven se encontraba bien en manos del Ministerio Público.
INFORME PRELIMINAR DE LA AUTOPSIA
El informe preliminar de la autopsia describe que, externamente, la víctima presentaba abrasión en la región frontal derecha, edema en ambos párpados, hemorragia conjuntival, contusiones con abrasiones en codos, abrasiones circulares en ambas muñecas, edema en ambas muñecas y dorso de manos. También abrasiones en hipocondrio y flanco lado derecho, región dorsal, lumbar y piernas, epidermólisis en muñecas, dorso de manos, escroto y región lumbar, ocasionándole un trauma contuso craneoencefálico severo que le provocó la muerte.
SIEMPRE TUVIERON CONTROL DE LA SITUACIÓN
El Ministerio Público establece que el hecho de que los agentes policiales procedieran a esparcir gas pimienta en la celda evidencia que “siempre tuvieron control de la situación” y que “participaron de manera activa para aportar las condiciones activas a la materialización del tipo penal imputado, por lo que se configura la coautoría de la acción”.
Indica que los civiles Mateo Victoriano, Pérez Ramos y Martínez Peña se asociaron con los policías para matar a la víctima, ya que le propinaron múltiples golpes contusos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo.
Explica que «la muerte fue provocada con el concurso de los imputados miembros de la Policía Nacional, por la acción de encerrarlo de manera ilegal, con las manos esposadas hacia atrás y por omisión a su deber de posición de garante».
Dice que, contrario a actuar conforme al derecho, los agentes faltaron a su obligación y materializaron una conducta de coautores frente a los actos de tortura o barbarie cometido contra De los Santos Correa».
El caso ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 186, 198, 265, 266, 295, 303 y 304.4, numerales 2 y 9, y 341 del Código Penal Dominicano, y el artículo 153, numerales 3 y 4, de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16).
