El pasado sábado 4 de enero, la Cárcel de La Isleta, en Moca, fue escenario de un incidente que ha generado indignación y preocupación en la comunidad. Según denuncias del activista social Guanchi Comprés, internos del recinto habrían participado en una supuesta competencia de consumo de sustancias ilícitas, lo que derivó en la hospitalización de varios reclusos.

Entre los afectados se encuentra Edward Cruz García, de tan solo 23 años, quien actualmente se encuentra en cuidados intensivos debido a la gravedad de su estado de salud.

Comprés exigió el traslado inmediato de los responsables de permitir este lamentable suceso, señalando que las acciones ocurrieron presuntamente sin el conocimiento del actual director del centro, quien hasta ahora ha mantenido una reputación respetable. No obstante, el activista solicitó una investigación exhaustiva por parte de la Procuraduría General de la República para esclarecer cómo se permitió este evento en un espacio que debería ser de rehabilitación y reformación.

El activista también denunció que las cámaras de vigilancia del penal llevan meses sin funcionar, una situación que había sido reportada previamente y que, según él, facilitó la realización de este tipo de actos ilícitos. “Es inconcebible que un lugar destinado a la reintegración social se haya convertido en lo que podríamos llamar ‘las olimpiadas de las drogas’”, declaró con indignación.

Llamado al Presidente y reformas urgentes

Comprés hizo un llamado al Presidente de la República para que este caso sea atendido directamente desde el despacho presidencial. “Es urgente garantizar que las cárceles sean verdaderos centros de corrección, y no espacios marcados por la corrupción y la negligencia”, enfatizó.

La situación ha despertado una creciente demanda ciudadana para que se tomen medidas inmediatas que prevengan la repetición de incidentes similares. Este caso pone en evidencia la necesidad de una reforma penitenciaria integral que aborde las deficiencias estructurales y de gestión en los centros penitenciarios del país.

La sociedad espera respuestas contundentes y acciones concretas para asegurar que hechos como este no vuelvan a ocurrir, y que los centros penitenciarios cumplan su propósito de rehabilitación y reintegración social.