SANTO DOMINGO,RD.- El ministro de Administración Pública, licenciado Ramón Ventura Camejo, le hizo saber al Partido Revolucionario Moderno (PRM), mediante acto de alguacil, que la Ley 41-08 de Función Pública no contempla el tomar licencia ordinaria sin disfrute de sueldo o renuncia del cargo de ningún funcionario del Estado, motivado a la participación de éstos en actividades políticas.
La notificación hecha la tarde del lunes por el Ministerio de Administración Pública (MAP), a través del ministro Ventura Camejo, también indica que «conforme a la Ley Número 41-08 sobre Función Pública, a los funcionarios públicos sólo les está prohibido dedicarse a actividades políticas cuando las mismas coincidan con la jornada laboral o cuando se intentaren dentro de los espacios destinados al ejercicio de sus funciones”.
El documento entregado al PRM cita que la “norma prohíbe el uso de bienes y fondos de cualquier institución oficial, con fines políticos o de intereses partidistas».
El acto de alguacil explica que “esa norma no refiere prohibición alguna a los servidores públicos al libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos, fuera del ámbito, espacio u horario que comprende la jornada laboral”.
Destaca que la “Ley 41-08, es un régimen jurídico concebido con el propósito de regular las relaciones de trabajo de las personas que desempeñan cargos dentro de la Administración Pública, los municipios y las entidades autónomas, en un marco de profesionalización y dignificación laboral de sus servidores».
El documento entregado al PRM, sobre los cargos de niveles directivos o ministeriales, destaca «que no existe incompatibilidad alguna entre tales funciones y la actividad política, siempre que se haga respetando los horarios, espacios laborales y funciones para los cuales hayan sido designados», según lo informado por el periodista Luís Céspedes Peña.
Con su notificación, Ventura Camejo dio respuesta a la puesta en mora e intimación del PRM, remitida mediante acto de alguacil de fecha 19 de septiembre de este año a 25 actuales funcionarios de gobierno, que incluyen ministros, directores generales y presidentes de organismos autónomos y superintendentes, por alegada violación a la Ley 41-08 sobre Función Pública y la Ley de Régimen Electoral.
