Por Hilario Ramírez
La vida humana parece estar cada vez más condicionada por personas que acumulan poder mediante riquezas de origen ilícito.
El ser humano ha sido educado para vivir en un entorno de armonía, protegido por instituciones que garanticen la seguridad y la convivencia pacífica.
Sin embargo, esos ideales se alejan cada día más de la realidad y terminan convirtiéndose en simples aspiraciones colectivas.
La familia procura preservar la salud física y mental de sus integrantes, además de fortalecer los vínculos afectivos que hacen posible una convivencia saludable.
No obstante, esos esfuerzos suelen enfrentarse a un entorno social marcado por intereses que sobrepasan el bienestar común.
Los grandes intereses económicos ejercen una influencia determinante sobre muchas decisiones políticas y sociales que se toman desde la administración del Estado.
Acondicionar significa preparar, adaptar o disponer algo para un fin determinado.
En el ámbito político, ese acondicionamiento se refleja cuando los intereses económicos moldean las instituciones y los principios legales mediante prácticas de corrupción.
Es ahí donde se profundiza el distanciamiento entre la sociedad y la anhelada calidad de vida.
Los poderes fácticos, en contubernio con sectores políticos y económicos, relegan con frecuencia las necesidades de la población de ingresos medios y bajos, debilitando el acceso a una justicia verdaderamente equitativa.
Cuando la ciudadanía carece de participación efectiva en las decisiones públicas y en la construcción del marco legal que la rige, resulta difícil sostener plenamente los ideales de un Estado democrático y soberano.
No puede hablarse de una democracia sólida cuando los derechos fundamentales son vulnerados y quienes acuden a los tribunales en busca de protección encuentran respuestas que alimentan la frustración y el desencanto.
La impotencia y la desesperanza aparecen cuando el ciudadano percibe que detrás de algunos actores del sistema de justicia existen intereses ajenos al cumplimiento imparcial de la ley, favoreciendo a quienes poseen poder económico o influencia política.
La corrupción institucional permanece protegida por mecanismos que dificultan la investigación y sanción de sus responsables.
Desde esa perspectiva, el autor considera que algunas disposiciones del nuevo Código Penal dominicano no responden plenamente a las expectativas de fortalecimiento institucional.
Del mismo modo, expresa preocupación por el contenido del nuevo Código Procesal Penal, al entender que determinadas disposiciones podrían generar contradicciones en la aplicación de la justicia y afectar la protección efectiva de las víctimas.
El concepto de justicia seguirá presente en las leyes, pero para muchos ciudadanos continuará siendo una aspiración mientras la igualdad ante la ley no se traduzca en decisiones imparciales y transparentes.
La equidad pierde sentido cuando los recursos públicos son utilizados en beneficio de intereses particulares.
El pueblo necesita derechos garantizados, servicios públicos eficientes e instituciones capaces de hacer cumplir la Constitución.
De lo contrario, las leyes corren el riesgo de convertirse en normas sin aplicación efectiva, fortaleciendo la resignación ciudadana y debilitando la confianza en el Estado de derecho.
