Honduras planea construir la única colonia penitenciaria insular del hemisferio occidental y enviar allí a sus pandilleros más temidos, siguiendo el ejemplo del vecino El Salvador, que no perdona los asesinatos, los robos, las violaciones y la extorsión.
La presidenta progresista de Honduras prometió en su día hacer frente a la violencia de las maras a través de reformas sistémicas de la gobernanza y del sistema de justicia penal. Ahora, Xiomara Castro planea levantar una cárcel aislada para 2.000 líderes de bandas en el archipiélago de las Islas del Cisne, a casi 250 kilómetros (155 millas) de la costa, dentro de su amplia ofensiva tras la masacre, vinculada a las pandillas, de 46 mujeres en un penal.
En el pasado, los presidios insulares eran algo habitual en toda Latinoamérica, con instalaciones en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú. Los motines letales, las malas condiciones y las fugas audaces capturaron la imaginación de cineastas y escritores antes del cierre de la última, en México, en 2019.
En Honduras, las autoridades apuestan porque un regreso al pasado ayude a frenar la ola de violencia, pero los escépticos dicen que estas medidas son poco más que una cuestión de imagen y no abordan las causas de base de la violencia endémica.
“Una nueva prisión no sirve de nada si no se recupera antes el control de las que ya existen», dijo Tiziano Breda, experto en América Latina del centro de estudios italiano Istituto Affari Internazionali. “Las bandas han demostrado a lo largo de su historia que saben adaptarse».
El mes pasado, 46 mujeres murieron en una pelea entre miembros de maras rivales en una cárcel. Muchas de las fallecidas fueron baleadas y asesinadas con machetes. Algunas fueron encerradas en sus celdas, donde las rociaron con líquido inflamable y les prendieron fuego en la peor masacre en un penal femenino en la historia reciente.
Castro dijo que tomaría “medidas drásticas” en respuesta y que perseguiría a Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha, o MS-13, pandillas que llevan años aterrorizando al país.
La única forma de comunicarse con las Islas del Cisne es por satélite, indicó José Jorge Fortín, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, en una entrevista con The Associated Press. Las autoridades esperan impedir así que los líderes de las bandas sigan dirigiendo sus operaciones desde el interior de las prisiones. La huida sería complicada ya que, desde el territorio continental, se tarda casi un día en llegar al archipiélago en barco.
“Se considera que es lo más apartado para que estos delincuentes, estos cabecillas de maras, sientan la presión una vez que estén en la isla», dijo Fortín. “La idea es que ellos pierdan contacto de todo, (el) contacto de toda la sociedad (…) y que paguen verdaderamente por los crímenes”.
Fortín no concretó el costo del proyecto ni cuándo se espera que esté terminado, pero afirmó que la presidenta ordenó que se construya lo antes posible.
Desde la matanza, los perfiles de Castro en las redes sociales han publicado imágenes de incautaciones de armas y de hombres con tatuajes de maras sentados en el suelo con las piernas abiertas, medio desnudos y encorvados rodeados de policías fuertemente armados.
Estas imágenes son un reflejo de las que se ven en el vecino El Salvador, donde su presidente, Nayib Bukele, ha encarcelado a uno de cada 100 habitantes y metió a miles de ellos en una “mega cárcel”. Bukele ha afirmado que los reclusos no volverán a ver la luz del día, mientras que el grupo de derechos humanos Cristosal estima que solo el 30% de los presos tiene vínculos claros con las maras, avivando las acusaciones de abusos de los derechos humanos y de deterioro democrático.
El brusco descenso de la violencia en El Salvador ha provocado una especie de fervor populista en favor de Bukele en toda Latinoamérica.
“Si allá en aquel país han hecho algo bueno, ¿por qué no copiarlo?», apuntó Fortín. “No vamos a permitir que siga este ambiente de terror”.
Pero Breda dijo que la medida está alejando el país de políticas como la erradicación de la corrupción, la desmilitarización y la policía comunitaria, que podrían marcar la diferencia en el largo plazo a la hora de hacer frente a las causas de base de la violencia de las pandillas.
La política de seguridad de Honduras “se ha vuelto aún más reactiva y corta de miras, imitando lo que ocurre en El Salvador para contener el año a su imagen pública», afirmó Breda.
Las medidas propuestas están siendo bien recibidas por muchos hondureños, como Said Santos, un biólogo de 30 años que señaló que “acabar de una vez por todas la situación del crimen aquí en Honduras sería lo idóneo para este país”. Pero agregó que el gobierno debería actuar con precaución.
Mientras, los biólogos de la región temen que el proyecto se cobre los ecosistemas de gran biodiversidad de la isla, en un momento en el que el Caribe está siendo devastado ya por los efectos del cambio climático.
En su mayoría deshabitado, el emplazamiento del penal está en un territorio protegido desde hace más de tres décadas. En un comunicado emitido la semana pasada, el Colegio de Biólogos de Honduras calificó la infraestructura como una “amenaza” a la naturaleza de la isla, cuyos frondosos paisajes y brillantes aguas azules rebosan de vida.
“Un centro penal es incompatible con los ecosistemas, las especies, la belleza escénica y las condiciones climáticas del archipiélago», afirmó la organización.
Lucky Medina, el secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente del país, dijo a la AP que el penal de máxima seguridad se construirá “en armonía con la naturaleza” y agregó que las autoridades seguirán las protecciones medioambientales, garantizando que se construirá.
“Es totalmente viable», añadió.
AGENCIA AP
