Gobierno español podrá intervenir Internet para luchar contra “la república digital catalana”

Esta facultad se extiende también a las infraestructuras que alojan redes públicas de comunicaciones electrónicas

El Gobierno de España ha publicado una norma de urgencia, en forma de Real Decreto Ley, que autoriza al Ejecutivo el control de Internet en caso de «amenazas a la seguridad nacional» o para preservar el «orden público». La medida no está exenta de polémica, puesto que supone intervenir las comunicaciones sin orden judicial y ha sido aprobada por un Gobierno en funciones, sin debate parlamentario y en plena campaña electoral para los comicios de este 10 de noviembre.

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El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ya lo había anunciado el pasado 31 de octubre, cuando dijo que aprobaría un decreto para acabar con el proyecto de la ‘república digital catalana’: «Le digo al independentismo catalán que ni va a haber independencia off-line, ni on-line y que el Estado va a ser igual de contundente en el mundo real que en el mundo digital», afirmó entonces.

Ahora, la nueva norma potencia las facultades de las que dispone el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Empresa, dándole un mayor control y posibilidades de actuación, como permitir la asunción directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, siempre para preservar el «orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional».

Esta facultad se extiende no solo a una red o servicio de comunicaciones electrónicas, sino también a las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, sus recursos asociados o cualquier otro elemento o nivel de la red o del servicio. Así, el Ministerio de Economía también ve aumentada su potestad sancionadora, que a partir de ahora podrá adoptar medidas cautelares «sin audiencia previa del presunto infractor», incluyendo el cese de la actividad o la prestación del servicio.

Las «medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones», como se denomina la norma, son justificadas por el Ejecutivo de Sánchez por la necesidad de que la «administración digital se emplee para fines legítimos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos».

Además, identifica como «los principales desafíos» que plantean las nuevas tecnologías a «las actividades de desinformación y las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía». De este modo, sin nombrar específicamente a Cataluña, cita «los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español».

Además, la norma obliga a que los recursos para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de los sistemas de identificación se encuentren situados en la Unión Europea, o en territorio español en el caso de categorías especiales de datos.

Asimismo, la nueva legislación contempla que la Administración General del Estado pueda suspender la transmisión de datos entre administraciones por razones de seguridad nacional de forma cautelar temporalmente.