SANTO DOMINGO,RD,- El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se retiró de la sesión de este miércoles, en protesta por los recientes apresamientos de José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, miembros de esa organización y exministros administrativo de la Presidencia, de Hacienda y Obras Públicas, respectivamente.
Los legisladores salieron de la sesión después de que el vocero del bloque del PLD, Juan Julio Campos, informara de ello al presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, tras denunciar un supuesto plan del Gobierno por destruir al partido opositor.
«Anunciamos, honorable presidente, el retiro de nuestra bancada de este hemiciclo», dijo Campos al leer un documento.
Asimismo, demandó una investigación por «los colegas legisladores que fueron agredidos presuntamente por policías durante las protestas de miembros del PLD frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva».
Reiteró que «para el PLD constituye un atropello el apresamiento de compañeros del partido» y exigió que sea respetado el debido proceso.
“No podemos dejar de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un Ministerio Público que está actuando como un instrumento de la reelección de Luis Abinader”, reclamó.
20 PERSONAS DETENIDAS
La operación Calamar, puesta en marcha por las autoridades durante la noche del sábado, supuso la detención de 20 personas, la mayoría vinculada al PLD, entre ellos los antiguos ministros Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, de Hacienda Donald Guerrero, y de Obras Públicas Gonzalo Castillo, que fue candidato del PLD a las elecciones presidenciales de 2020.
Tras la detención, un grupo de simpatizantes del PLD se manifestaron el domingo de manera violenta en las escalinatas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, provocando destrozos.
Los cargos preliminares del Ministerio Público en contra de los apresados son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.
Según el expediente del Ministerio Público, el supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos.
