Por: Roberto Perez
SANTIAGO.-Los trabajadores dominicanos tomaran las calles en los próximos días para rechazar las pretensiones del sector empresarial que demanda el cierre o disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, reveló Bienvenido Sabino, encargado regional Norte de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos.
El dirigente sindical explicó que no se quedarán de brazos cruzados ante las amenazas de los empresarios, quienes estarían forzando al gobierno a aplicar una amnistía encubierta por más de 300 mil millones de pesos a su favor, y en desmedro de la clase trabajadora nacional.
“Nosotros vamos a rechazar en las calles que sean beneficiados los evasores de la ley 18-96, que por décadas no pagaron cotizaciones, lo que afectó el servicio de salud y pensiones a los trabajadores, afirmó Sabino.
Consideró que el Gobierno antes de eliminar el IDSS, debe aclarar las deudas pendientes de los empresarios con esa entidad, “a menos que exista un acuerdo con los patronos que desconocen los trabajadores”.
Reiteró que no se quedarán de brazos cruzados y se propone realizar movilizaciones en todo el país, “para protestar por una medida que afectará a millares de dominicanos que reciben atenciones médicas y que por décadas tenían garantizado ese servicio”.
“No le corresponde al Gobierno realizar amnistías encubiertas que afectan los derechos de los trabajadores y premian a los empresarios que deben pagar el pasivo actuarial de la reforma que realizamos en el año 2001 mediante la ley 87-01”, dijo.
Observó que si se pretende una nueva reforma a la seguridad social que incluya la disolución del IDSS, se debe obligar a los empresarios evasores que adeudan un pasivo actuarial conforme lo dispone la ley 87-01, que paguen la deuda para que el trabajador no sea siempre la víctima de las reformas.
El representante de la CNTD en la región Norte, Bienvenido Sabino, subrayó que pese a que la ley de seguridad social establece en su artículo 42 sobre la deuda actual del sector empleador con el IDSS y sus formas de pago, nunca la han cumplido, lo que implica que desde hace 18 años los empresarios se han colocado por encima de la ley en perjuicio de los trabajadores.
