Por Hilario Ramírez
Cuando un partido político se encuentra lejos de alcanzar la banda presidencial, suele construir un discurso orientado a conquistar la voluntad del electorado.
En ese proceso no faltan las promesas, las exageraciones e, incluso, los recursos propios de la farsa política.
La narrativa de campaña busca modificar la percepción crítica de los ciudadanos, presentando sacrificios y privaciones como parte de un supuesto camino hacia un futuro mejor, aunque muchas veces sin ofrecer garantías de que ese esfuerzo será recompensado.
Tras un proceso electoral y el cambio de gobierno, la población deposita grandes expectativas en quienes pasan de la oposición al oficialismo.
Las promesas formuladas durante la campaña se convierten entonces en compromisos cuya ejecución comienza a ser evaluada por la ciudadanía.
Cuando esas expectativas chocan con una realidad marcada por el deterioro de la calidad de vida y el incumplimiento de los ofrecimientos, surge el desengaño.
Es en ese momento cuando puede establecerse una analogía con la tercera ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad y en sentido contrario.
Trasladada al ámbito de las políticas públicas, esta idea permite comprender que toda decisión gubernamental genera una respuesta de la sociedad y de los sectores económicos.
Por ejemplo, la creación de un nuevo impuesto puede provocar aumentos de precios, reducción del consumo o la búsqueda de alternativas por parte del sector privado.
Del mismo modo, una ley restrictiva o un programa gubernamental suele generar reacciones como protestas, consultas públicas, cabildeo o el llamado voto de castigo.
Esta dinámica obliga a los gobiernos a prever las consecuencias de sus decisiones. Una política mal diseñada puede provocar efectos que anulen los beneficios perseguidos, haciendo necesarios ajustes permanentes para preservar la gobernabilidad.
En el caso dominicano, el creciente descontento de amplios sectores sociales alimenta interpretaciones que apuntan hacia un eventual castigo electoral si las autoridades no logran responder a las expectativas creadas.
El marco institucional dominicano contempla mecanismos para canalizar estas reacciones, entre ellos la Ley 107-13, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, así como espacios de concertación dentro del Poder Ejecutivo.
No obstante, ninguna norma sustituye el valor del cumplimiento de la palabra empeñada, pues en política, como en la física, toda acción termina generando una reacción.
