Por Hilario Ramirez
A partir del quinteto crimen en manos de la policía en Corona Plaza en la Barranquita. Santiago, como demanda social frente a su desconfianza en los reportes de supuestos intercambios de disparos, habrá que forzar al sistema gubernamental a que se registren las denuncias y respectivos expedientes de los presuntos delincuentes en Información de Dominio Público.
Partiendo de la luz ética encendida por las magistradas Yeni Berenice y Faride Raful tras haber descubierto el bandidaje llevado a cabo por esos agentes con prácticas sicariato.
Si se sube a las nubes de la web, los expedientes de los denunciados delincuentes, se derrumba el maridaje entre policías y narcotraficante.
La calidad de vida optimizada que se promete en campaña proselitista, no se cumplen por la cadena de compromisos con el mundo oscuro.
La Reforma de la Policía Nacional debe iniciar modernizando las bases de datos, colocando en cuarteles y oficinas de Fiscales, ordenadores donde al guardarse los reportes y expedientes de querellas y denuncias, vayan en tiempo real a la matriz de la Procuraduria y a Interior y Policía.
Pero que esos mismos datos sean colocado en la página de Procuraduria y simultáneamente se conviertan en documentos de dominio público, con la finalidad de que cada ciudadano sea vigilante sin salario para garantizar erradicar el crimen organizado.
La misma Procuradora General de la República Dominicana, conoció el entramado entre fiscales y altos oficiales que se dedicaban a borrar fichas y expedientes.
Esa práctica jamás podrá suceder si cada dominicano tiene facultad de accesar a la base de datos jurídico del Código Procesal Penal en ejercicio continuo.
Cambio, es concepto imposible de aplicar, si se continúa ser permisivo a viejas prácticas sociales dentro de las instituciones públicas.
