Santo Domingo,RD,-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), presentó formal sometimiento a la acción de la justicia, por ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra de varios funcionarios públicos por falta grave en el ejercicio de sus funciones , al incrementarse el salario y otros beneficios, en violación a la constitución de la república y a la ley general de salario, número 105-13.
El referido sometimiento fue depositado bajo la modalidad de recurso contencioso administrativo, en demanda en nulidad del incremento salarial y otros beneficios, incluyendo la devolución de todos los beneficios y dineros recibidos ilegal e inconstitucionalmente hasta la fecha.
La FJT fue enfática en la persona de sus abogados, Henry Adames y César Noboa, quienes reiteraron que la constitución establece la imposibilidad de aumentarse el salario y citamos: Artículo 140.- Regulación incremento remuneraciones. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley.
La instancia fue interpuesta en contra de los señores Rafael Aníbal Velazco Espaillat (ex superintendente y expresidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad; Diógenes Rodríguez Grullón, Aura Mireya Caraballo Castillo, miembro del consejo de la Superintendencia de Electricidad y Alejandro Eduardo Fernández Whipple (Superintendencia de Banco), Ramón Emilio Contreras Genao, Superintendencia de Pensiones, y Rafael Evaristo Santos Badia, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), entre otros.
Complicidad del Gobierno con funcionarios
Asimismo, Justicia y transparencia lamento el festival de aumentos que se ha desatado en la presente gestión de gobierno, y más aun con la mirada cómplice de las altas instancias gubernamentales, que solo ven la violación a la constitución como una imprudencia o libertad de criterio para los funcionarios a la hora decidir sobre su salario.
En consecuencia, de acuerdo con los abogados de la FJT, el único camino ante una falta grave, como la pauta la constitución y la ley de función pública, lo es la renuncia voluntaria de los infractores, o su destitución por parte del presidente de la república o órganos competentes, en los casos que aplique juicio político u otra modalidad de destitución.
Banco Central y altas cortes
Finalmente, la Fundación Justicia y Transparencia, anunció que en los próximos días estaría completando y ampliando el sometimiento con otras instituciones, y que para ello solo estamos a la espera de hacer los cotejos de lugar y recibir las informaciones oficiales y pertinentes para proceder, cuyas investigaciones alcanzan fundamentalmente Órganos Constitucionales, Altas Cortes, Banco Central y otros que parecerían se han dejado seducir por esa escabrosa práctica.
