Por Hilario Ramirez
En República Dominicana hubo un ejercicio de lobys judicial durante gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana(PLD), cual consistía en negociar con una cadena de antisociales para borrarles fichas de los registros policial.
Para sorpresa del Ministerio Público del gobierno dirigido por el partido político que le sucedió como ganancioso de las Elecciones presidencial 2020 en convivencia con la pandemia COVID-19, se debatía en los medios masivos las supuestas amenazas de un presunto narcotraficante dominicano apodado «J», a la Procuradura General de la República.
La reacción del abogado del acusado que se encontraba fuera del país, no tardaron en declarar públicamente su defensa sobre la inocencia del cliente.
Esa práctica en maridaje autoridades con delincuentes, cambiaron la percepción ciudadana respecto a las estadísticas de delitos callejeros concomitante al número de perpetradores de esos actos que riñen con las normas legislativa, resultaba inexistente debido a que según los libros en archivos policiales ya no hay nombres de delincuentes.
Ese millonario trueque sucedido en administraciones pasadas, dejaron el ensimismado proceder del poder avasallador en muchas insignias de altos rangos policial.
Para amueblar el cerebro en los agentes de la Policía Nacional encaminados a conocer cómo abordar a un ciudadano y subsiguientes mecanismos dentro de los Derechos humanos, a ser implementados durante el procedimiento en someter a obediencia a quien comete un acto penado por el Código Procesal Penal.
Dicha conquista en las normativas de la institución Policía Nacional solamente es posible, mediante la limpieza total en los altos oficiales que pudieron entablar vínculos corruptos con quienes una vez fungieron fiscales borradores de fichas criminales.
No habrá nunca Reforma policial sin antes pasar la aplanadora sobre las manzanas dañadas que al permanecer por varias décadas influenciando a los subalternos, cada día el crimen organizado impone más leyes a las creadas para vivir en armonía.
