Los imputados habrían intentado sustraer cerca de RD$5 millones de las cuentas del Ayuntamiento de Santiago. Una parte del dinero fue retirada, otra persona permanece prófuga y la audiencia continuará el 5 de agosto.
SANTIAGO.– Tres personas son procesadas por su presunta participación en una estafa tecnológica contra el Ayuntamiento de Santiago, mediante la cual habrían intentado retirar cerca de cinco millones de pesos de las cuentas bancarias de la institución.
Los imputados fueron presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago para la revisión de las medidas de coerción impuestas en su contra.
La audiencia fue aplazada hasta el 5 de agosto, mientras las partes exploran la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Las identidades de los procesados todavía no han sido divulgadas.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las entidades bancarias y las autoridades municipales detectaron las transacciones irregulares antes de que fuera retirada la totalidad de los recursos.
Los implicados habrían logrado extraer una parte del dinero, pero no se ha informado cuánto salió de las cuentas municipales, si esos recursos fueron recuperados ni qué mecanismos fueron empleados para realizar las operaciones.
La investigación también vincula a una cuarta persona que permanece prófuga.
El caso se encuentra en una etapa preliminar. Los procesados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva sobre los hechos atribuidos.
El Ayuntamiento de Santiago no había emitido una declaración pública sobre el caso al cierre de esta información.
La ausencia de una explicación institucional mantiene sin respuesta aspectos fundamentales: cómo se obtuvo acceso a las cuentas, cuáles controles fueron vulnerados, qué cantidad llegó a retirarse y qué medidas fueron adoptadas para impedir nuevas operaciones.
Tampoco se ha precisado cuándo se detectó el intento de fraude, quién presentó la denuncia ni si la investigación alcanza a empleados municipales o personas relacionadas con el manejo financiero del cabildo.
Aunque las transacciones fueron detenidas antes de que desapareciera la suma completa, la detección del fraude no sustituye la obligación de explicar cómo pudo iniciarse.
La audiencia del 5 de agosto podría aportar nuevos datos sobre la participación atribuida a los imputados, el monto efectivamente retirado y las condiciones de cualquier acuerdo judicial.
El proceso penal deberá establecer responsabilidades individuales. Al Ayuntamiento le corresponde otra tarea: rendir cuentas sobre la seguridad de los recursos públicos y las fallas que hicieron posible la operación.
