SANTO DOMINGO,RD,- La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó su enérgico rechazo ante los actos de agresión cometidos por la empresa minera Barrick Gold, con el apoyo de miembros de la Policía Nacional y el Ejército, contra la comunidad de Arroyo Vuelta y otras cinco comunidades del distrito municipal de Zambrana, municipio de Cotuí.
En un comunicado oficial, la CED calificó de «inaceptables» estos hechos que incluyeron el uso desproporcionado de la fuerza, violaciones a los derechos humanos y lesiones a dos sacerdotes y varios residentes de las comunidades afectadas. «Es urgente decir no a la estrategia del miedo», enfatizó el documento, destacando que estos actos vulneran los principios de un Estado de derecho que debe garantizar la justicia y el respeto a la dignidad humana, especialmente de los más vulnerables.
La Iglesia católica expresó su respaldo al obispo de La Vega, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente, y reiteró su compromiso con la defensa de la vida y la dignidad de las personas. “Es inadmisible que el afán de lucro prime sobre la vida y la tranquilidad de las familias afectadas en la zona”, afirmó la CED.
El Episcopado hizo un llamado a las autoridades nacionales para que se investiguen los hechos con imparcialidad, se sancione a los responsables y se garanticen medidas de reparación para los afectados. Asimismo, subrayó la importancia de que la explotación de recursos naturales se lleve a cabo con responsabilidad social, ambiental y ética.
La Iglesia también invitó a todas las partes involucradas, a fomentar el diálogo como una vía para alcanzar una solución justa y reiteró su disposición a participar en estas conversaciones.
La CED exhortó a la comunidad nacional a unirse en solidaridad con los afectados y rechazar pacíficamente estas prácticas. Además, pidió a los fieles elevar sus oraciones para que prevalezcan la justicia y la paz en la República Dominicana.
Con esta declaración, la Iglesia católica reafirma su posición como defensora de los derechos humanos y la dignidad de las comunidades afectadas por la minería irresponsable.
