SANTO DOMINGO,RD,-Con la rúbrica de 23 académicos y 28 organizaciones políticas, excepto los partidos Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, el Gobierno dominicano firmó este jueves el Pacto Nacional para la formulación y ejecución de políticas de Estado frente a la situación de Haití.
En medio de la tensión actual entre la República Dominicana y Haití por la construcción de un canal sobre el río Dajabón o Masacre en el otro lado de la isla, el Gobierno firmó el documento que abarca cuatro pilares, que versan sobre política de Relaciones Exteriores, política migratoria, política fronteriza y política económica. El pacto tuvo una preparación de ocho meses y se ha dado la instrucción de que se lleve a todos los sectores de la vida nacional y que se cree una comisión que le dé seguimiento para que hayan modificaciones según la circunstancia de la crisis haitiana.
Tras la firma del compromiso, que tuvo lugar el Salón Verde del Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader insistió que tras la rúbrica de este convenio, tiene que haber una comisión de seguimiento y un equipo para consultas rápidas, debido a la evolución constante de la situación en Haití.
El jefe Estado aprovechó la oportunidad para advertir que los momentos que vienen con la situación haitiana no van a ser diferentes a la actual, sino que serán similares o mayores, por lo que todos los sectores deben prepararse y unirse, teniendo en cuenta las características especiales con las que el país ha tenido que vivir con la vecina nación.
Frente a esto, Abinader afirmó que este pacto habla muy bien de la República Dominicana y, en consecuencia, felicitó a cada uno de los partidos y académicos por dar una respuesta patriótica al país no partidista.
Dijo que en este tema, aunque los partidos están divididos, la República Dominicana debe estar unida. Por ello, sostuvo, que espera que los partidos que no han firmado el pacto se unan.
A continuación los puntos acordados :
PACTO NACIONAL ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS EN HAITÍ
A. POLÍTICA DE RELACIONES EXTERIORES
La República Dominicana está dispuesta a estimular y respaldar a la comunidad internacional en el esfuerzo de rescate y reconstrucción de Haití, siempre y cuando las soluciones estén encaminadas a: primero, procurar la pacificación de Haití; segundo, asistir económicamente a dicho país y su población, por medio de un plan de crecimiento y desarrollo, a mediano y largo plazo; tercero, incentivar su institucionalización; y cuarto, garantizar el respeto de la integridad territorial y demográfica de las dos naciones que coexisten en la isla de Santo Domingo.
En tal contexto, la colaboración de la República Dominicana con diversos miembros de la comunidad internacional ha de ser reconocida y debe estar subordinada a que efectivamente estos asuman un compromiso con la pacificación, rescate y reconstrucción de Haití.
Debido a lo anterior, reconociendo que se requiere colaboración internacional para lograr un estado de paz y de orden institucional en acciones enunciadas a continuación en materia de relaciones
exteriores:
A.1 Promover el apoyo de otros gobiernos para que ayuden a la sociedad y organizaciones intermedias haitianas en la búsqueda de soluciones urgentes y sostenibles en ese país:
1.1 Enviar misiones especiales al exterior, dirigidas a lograr un mayor compromiso de la comunidad internacional con respecto a la reconstrucción de un orden institucional conducente progresivamente a la gobernabilidad y el respeto de los principios y valores democráticos y libertades fundamentales del ser humano.
1.2 Fomentar la cooperación Sur-Sur, por medio de los canales institucionales especializados para esos fines.
1.3 Ofertar, en ese tenor, la construcción y operación de tres hospitales en Haití -incluida la formación de su personal gerencial, médico y auxiliar-; además de otras obras estratégicas que impliquen aportes significativos, para reducir así la insostenible presión actual sobre los servicios públicos dominicanos; e invitar, al mismo tiempo, a otros países a realizar cada uno inversiones similares y/o superiores al aporte dominicano.
1.4 Instituir un grupo de trabajo experimentado, multisectorial y multipartidario, que devenga en el núcleo precursor del
Instituto de Relaciones Dominico-Haitianas y que sea un órgano consultivo de los poderes públicos para fines de políticas públicas.
A.2 Insistir en que el peso principal de la solución de la crisis en cuestión está en las instituciones de la sociedad haitiana, con el legítimo soporte de la comunidad internacional; y, por ende, no nos asiste otro interés que el de colaborar en esa tarea común, salvaguardando siempre las decisiones y mejores intereses
procedentes de Haití:
2.1 Respaldar la actual política exterior dominicana, en el sentido de que se debe priorizar la pacificación de Haití con el rescate de su economía e institucionalidad, así como solidarizarse con el proceso de estabilización y próxima celebración de elecciones nacionales; todo condicionado a que la soberanía nacional dominicana no se vea afectada en el proceso.
2.2 Publicación y amplia difusión de un libro blanco, elaborado por especialistas, con explicaciones exhaustivas de la posición nacional dominicana, que sería la guía de acción del cuerpo diplomático y consular dominicano.
B. POLÍTICA MIGRATORIA
La República Dominicana enfrenta en la actualidad un fenómeno que dejó de ser solo un problema de migración, para convertirse también en un impostergable reto a la seguridad nacional y regional; reto que impacta, por su magnitud y complejidad, a su ordenamiento jurídico e institucional. Y, por eso, en tanto que responsable primero y último de su orden constitucional y de sus compromisos internacionales, defiende en materia migratoria el principio de la debida regulación del ingreso y tránsito a través de sus fronteras, así como la permanencia y el libre desempeño del ejercicio laboral de nacionales extranjeros debidamente autorizados para habitar e interactuar en suelo dominicano, de conformidad con las disposiciones legales que rigen en todo el territorio nacional.
Materializar esa política implica resaltar ciertos principios y valores irrenunciables en la legislación del país, así como respaldarlos consistentemente con actuaciones que a continuación enunciamos.
B.1 Poner en vigencia un efectivo marco regulador migratorio:
1.1 Salvaguardar y robustecer la articulación coherente y eficaz de los actores del Sistema Nacional de Migración, -ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Trabajo y Defensa, así como sus respectivas dependencias y relacionados- en todo lo relativo a la ejecución de la política migratoria y sus fundamentos en el territorio nacional.
1.2 Presentar y publicar de manera íntegra la auditoría que ha venido realizando el Ministerio de Interior y Policía al
Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) y aplicarlo exclusivamente a quienes se inscribieron en ese programa, de conformidad con las disposiciones de la legislación vigente.
1.3 Elaborar o revisar -entre otros-con sentido restrictivo los siguientes protocolos: el de control fronterizo y del ingreso de trabajadores urbanos y agrícolas; el que asegure su transporte; los instructivos que establezcan pormenores para identificarse los pasajeros terrestres; y el listado de empresas transportistas.
1.4 Reforzar, en función de lo establecido por ley, la coordinación y articulaciones operativas entre los ministerios de Relaciones Exteriores, de Trabajo e Interior y Policía, y sus respectivas dependencias, así como el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), muy particularmente en lo que respecta al otorgamiento de visas a los trabajadores temporeros.
1.5 Ejercer, tanto el Consejo Nacional de Migración como el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, sus respectivas obligaciones, en estricto apego al orden jurídico establecido, en particular a la Ley General de Migración y su Reglamento de aplicación.
1.6 Desarrollar un programa de control biométrico de nacionales extranjeros para garantizar la seguridad nacional y ciudadana.
Toda la información recabada deberá ser compartida en una base de datos conjunta de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Trabajo, Salud Pública, Agricultura, el Departamento Nacional de Investigaciones y sus respectivos órganos. Esta acción no implicará un programa de regularización de estatus migratorio.
B.2 Gestionar un estricto control de las fronteras con Haití:
2.1 Supervisar tecnológicamente desde la distancia, con cámaras o la forma más idónea a este propósito, al personal de campo responsable de labores de vigilancia de las fronteras terrestre y marítima nacionales.
2.2 Acompañar la valla fronteriza de dispositivos tecnológicos que minimicen el paso ilegal de personas, así como el tráfico de ilícitos en general, empleando incluso tecnología de observación satelital para una mejor y mayor cobertura de toda la región fronteriza.
2.3 Evaluar el desempeño de los agentes civiles y militares en el cumplimiento de sus tareas de control y regulación de los flujos en la zona fronteriza, estableciendo sanciones ejemplarizantes cuando correspondan, de conformidad con la ley.
2.4 Administrar un eficaz régimen de consecuencias que persiga y sancione a quienes mediante mecanismos y argucias promuevan, encubran o consientan cualquier tipo de corrupción, en correspondencia con lo previsto por la Ley núm.
137-03 de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, al igual que la Ley núm. 344-98 que sanciona la organización de viajes ilegales desde y hacia el territorio dominicano, así como las leyes que castigan la falsedad en documentos de identidad para atribuir nacionalidad dominicana a extranjeros.
B.3 A propósito del ingreso y permanencia en el país:
3.1 Culminar por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores el proceso de modernización para la emisión de visas que garantice una mayor probidad en la emisión de estas.
3.2 Adoptar una política de visado consecuente con las realidades de la República Dominicana y las naciones desde las cuales recibe inmigrantes y turistas.
B.4 Planificar el mercado laboral dominicano y sus necesidades de mano de obra extranjera:
4.1 Fijar, en el Consejo Nacional de Migración, los requerimientos de mano de obra del mercado laboral dominicano y definir con criterios objetivos, según lo previsto en la Ley núm. 285-04, General de
Migración, (Art. 49), qué sectores productivos requieren por el momento establecer «cuotas» de admisión anual por sectores de actividad» y, en cada una de ellas, el número de trabajadores temporeros asignados para cubrirlas; y, por tanto, en cuáles dominios laborales no procede conceder dicho permiso por ley. Esas cuotas deben concederse respetando las normas de nacionalización del trabajo, que tienen como fundamento la Constitución de la República y las prescripciones del Código de Trabajo, efectuando para tales fines las debidas consultas con representantes de los productores y empresarios, sindicatos y grupos ciudadanos, tal como lo dispone la Ley General de Migración y garantizando los mecanismos previstos en la referida ley.
4.2 Promover como indispensable un compromiso empresarial de cara a la planificación y ordenamiento del mercado de trabajo, de conformidad con las proporciones dispuestas relativas a las normas de nacionalización del trabajo.
4.3 Fomentar con los sectores empresariales la generación de compromisos de transformación productiva y la subsiguiente incorporación progresiva de la mano de obra dominicana en aquellos sectores donde se ha experimentado un proceso de desnacionalización de los mercados laborales.
4.4 Reformular la norma general núm. 97-2007 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGIl), que permite a las empresas constructoras considerar como gastos deducibles los pagos de nóminas de trabajadores, sin anexar el listado de los contratados y sus datos personales, ni el monto de lo pagado
efectivamente a cada trabajador.
4.5 Promover que la Dirección General de Impuestos Internos no admita como costos -para fines del impuesto sobre la renta- a extranjeros indocumentados que aparezcan en las nóminas.
4.6 Cesar a la brevedad posible y de manera ejemplar la contratación de mano de obra haitiana en condiciones migratorias contrarias a la ley en obras o actividades del Gobierno central, los organismos autónomos y descentralizados y de los municipios.
4.7 Supervisar que los trabajadores haitianos en condición de legalidad gocen de los mismos derechos laborales establecidos en las regulaciones para los dominicanos.
B.5 Deportaciones y salida del país:
5.1 Deportar, en los términos de las leyes 285-04 y 344-98 y con apego al debido proceso, a los extranjeros en situación migratoria contraria a la ley, sean estos desempleados o contratados en sectores de servicios no provistos de cuota de permanencia para extranjeros temporeros.
5.2 El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
(CONANI), a través de sus oficinas en todos los puntos fronterizos, constatará que en los procesos de deportación no están incluidos menores de edad no acompañados.
