El sindicalista enfatizó que “esos son de los temas que no deberían ser sujetos de discusión en el país. En principio eran dos años para la posibilidad de que caducaran los derechos, después se amplió a cinco, ahora se está hablando de siete. Nosotros hemos dicho como sindicato que eso no tiene que tener fecha de caducidad porque ese dinero de la pensión de sobreviviente es de ellos”.
Abreu dijo que cualquier familiar que reclame la pensión de un fallecido tiene el derecho a hacerlo cuando tenga la disponibilidad porque el pariente hizo un esfuerzo para ahorrar esos recursos y, por tanto, “nadie puede apoderarse de ese dinero”.
Aclaró que en ocasiones no se reclaman los fondos por desconocimiento de los herederos (sea porque no saben el procedimiento o que recibirán ese sustento), por lo que es preciso que las AFP registren los nombres de los familiares y creen una base de datos para poder contactarlos.
“La responsabilidad de cada AFP debe ser, así como ellos son tan eficientes para cobrar, también tener un registro de los sobrevivientes declarados y dedicarse a localizarlos”, señaló.
Abreu agregó que las AFP deberían tener sucursales en todas las provincias del país para que las personas puedan tener un contacto más cercano.
“Lo que uno llega a pensar es precisamente eso, que más de 39,000 personas no han hecho el reclamo porque ignoran los trámites de cómo hacerlo”, precisó, tras lamentar que el gasto de cierre tampoco debe ser cobrado porque las pensiones tienen que estar exentas de impuestos.
Según el sindicalista, “las ganancias que obtienen las AFP ya de por sí están dadas porque cobran una doble comisión, la de administración y la de inversión. Ya deben tener suficiente con eso”, alertó.
