Santo Domingo, RD,- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, aplazó para el próximo lunes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción. Este aplazamiento es contra los civiles y militares señalados como parte de una estructura delictiva. Dicha estructura pagaba sobornos para suplir seguridad privada a instituciones públicas. Esta estructura está relacionada con la operación Lobo.
En tanto que, los exencargados de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Servicio Nacional de Salud (Senasa), y las empresas distribuidoras de electricidad son los principales acusados de recibir sobornos. Esto es según el expediente del Ministerio Público en el caso de operación Lobo.
Entre las diez personas físicas y seis empresas acusadas de pagar y recibir sobornos para suplir seguridad privada a instituciones públicas, se encuentra el exdirector de seguridad de Edesur, Carlos Robles Díaz. Este último está implicado en la investigación llamada operación Lobo.
Asimismo, el exencargado de seguridad de Edenorte, Andrés Pacheco Varela; el exdirector de seguridad de Edeeste, Luis Ernesto Vicioso; el exencargado de seguridad del Inaipi, Francisco Guarín Fernández. También el ex encargado de seguridad del Senasa, Elías Caamaño Pérez. Todos están asociados con la operación Lobo.
Estos habrían requerido y recibido sobornos de entre un 5 y un 10 por ciento de los montos que pagaban mensualmente sus instituciones. Estos pagos eran a las empresas que suplían servicios de seguridad privada.
Según la solicitud de medida de coerción, la empresa de Servicios Nacional de Seguridad Integral (Senase), del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, pagó más de 108 millones de pesos. Todos en sobornos a funcionarios del Senasa, Inaipi, y las empresas distribuidoras de electricidad entre el 2012 y el 2025. Todo operaba bajo el esquema de operación Lobo.
A decir del Ministerio Público, la empresa de seguridad investigada no se limitó a pagar sobornos. Además, contaminaba todas las etapas del proceso de contratación de empresas de seguridad, desde la elaboración de los términos de referencias hasta la adjudicación.
Además, por las maniobras fraudulentas se incurrió en sobrecostos y se ampliaron los contratos sin autorización. Asimismo, se hizo facturación previa a la adjudicación formal de contratos y se omitieron retenciones impositivas, lo que implicó pérdidas millonarias para el Estado. Todo esto ocurrió en el contexto de operación Lobo.
Por el caso también está detenido el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía, Ramón Quezada Ortiz y Bolívar Fernández Espinal.
Este jueves la jueza Fátima Veloz acogió una solicitud de aplazamiento de la audiencia de medida de coerción. La fijó para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde, a los fines de que las defensas reúnan presupuestos.
