Opinión

Una contemplación sobre el exceso de poder

Escrito por Santiagoesnoticia

Por Hilario Ramírez

 

El 11 de julio de 1974, el gobierno del presidente Joaquín Balaguer prohibió a José Francisco Peña Gómez y al profesor Pablo Rafael Casimiro Castro utilizar la radio y la televisión. La medida provocó la clausura del programa Tribuna Democrática y permaneció vigente hasta noviembre de 1977, cuando la Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto la prohibición.

El veto contra los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) fue ejecutado mediante la disposición núm. 3038 de la Dirección General de Telecomunicaciones. El gobierno justificó la decisión alegando que ambos incitaban a la violencia y ofendían la investidura presidencial. Para muchos sectores, aquella disposición representó un claro exceso del poder estatal y un atentado contra la libertad de expresión.

Nivar Seijas y la represión política

El mayor general Neit Rafael Nivar Seijas fue uno de los hombres de mayor confianza de Joaquín Balaguer y ocupó la Jefatura de la Policía Nacional durante parte del período conocido como los Doce Años.

Su nombre aparece de forma recurrente en estudios históricos sobre la represión política de esa época. José Francisco Peña Gómez fue uno de los principales dirigentes que padeció las consecuencias de un aparato estatal que recurrió a la censura y a la persecución política contra la oposición.

Nivar Seijas asumió la jefatura policial en octubre de 1971. Durante su gestión se produjo la desarticulación de la denominada Banda Colorá y también mantuvo una conocida rivalidad con el general Enrique Pérez y Pérez dentro de las Fuerzas Armadas. Falleció en febrero de 1982.

La Banda Colorá

La Banda Colorá, cuyo nombre oficial era Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, operó entre 1971 y 1978 como un grupo parapolicial vinculado al régimen balaguerista.

Diversas investigaciones históricas sostienen que durante su período de mayor actividad recurrió a golpizas, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos contra dirigentes sindicales, estudiantiles y militantes de izquierda.

Su origen se ubica en enero de 1971 bajo la dirección del entonces jefe de la Policía Nacional, Enrique Pérez y Pérez. Entre sus principales dirigentes figuró Ramón Pérez Martínez, conocido como «Macorís».

La presión nacional e internacional sobre las violaciones a los derechos humanos redujo progresivamente la capacidad operativa del grupo, cuya desaparición coincidió con el fin de los Doce Años, en 1978.

Vincho Castillo y la controversia histórica

La relación de Marino Vinicio (Vincho) Castillo con grupos de choque del período continúa siendo objeto de debate entre historiadores.

Diversas publicaciones y testimonios de la época sostienen que estuvo vinculado a los llamados «Paleros», grupos civiles que intimidaban y agredían físicamente a opositores del régimen trujillista. Otras interpretaciones difieren sobre el alcance de esa participación, por lo que el tema sigue siendo materia de discusión histórica.

El incidente en la Catedral de La Vega

En 1961, durante los últimos meses de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un grupo de mujeres irrumpió en la Catedral de La Vega mientras monseñor Francisco Panal Ramírez celebraba una misa.

Las crónicas de la época relatan que las participantes se despojaron de sus pocas ropas, portaban consignas favorables al régimen y realizaron acciones que obligaron al obispo a suspender la ceremonia religiosa.

Investigadores de la historia dominicana han señalado que aquella manifestación formó parte de una campaña de hostigamiento contra miembros de la Iglesia Católica que mantenían posiciones críticas frente a la dictadura. Entre los nombres mencionados por algunos autores figura el de Marino Vinicio Castillo.

Los excesos del poder dejan una enseñanza permanente: cuando las instituciones son utilizadas para silenciar al adversario político o desacreditar a quien piensa diferente, el Estado de derecho comienza a debilitarse. La historia dominicana demuestra que la concentración del poder y la intolerancia terminan erosionando las libertades públicas y el ejercicio democrático.

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