Santo Domingo,RD,-El Tribunal Colegiado de San Cristóbal condenó a seis años y nueve meses de prisión, y el pago de una multa de 30 millones de pesos, en contra del exalcalde y Raúl Mondesí, por malversación fondos durante su gestión al frente de la alcaldía de San Cristóbal, en el período 2010-2016.
En los casos de Japa y Ferreira ambos fueron condenados a tres años, a ser cumplidos, un año en arresto domiciliario y dos suspendidos condicionalmente, con las condiciones que imponga el juez de la ejecución de la pena.
Ambos imputados también deberán pagar 20 millones de multa en beneficio del Estado dominicano.
En cuanto a Cordero, condenado por violar su obligación de informar a las autoridades de las ilegalidades del ayuntamiento, como está estipulado en el artículo 21 párrafo 4 de la Ley 176-02, tendrá que cumplir tres años suspendidos con las condiciones a ser impuestas por el juez de la ejecución de la pena
SOBRE EL CASO
En su acusación, el Ministerio Público acusó a los procesados por violación a los artículos 123, 145, 146, 147, 148, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 175, 265 y 266 del Código Penal dominicano, que prevén los delitos de coalición de funcionarios, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, delitos de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario y asociación de malhechores, precedidas por las prescripciones de las disposiciones del Decreto No. 319-98 del 25 de agosto de 1998, en sus artículos 1, 2 y 3, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley No. 6-86 que crea el fondo de Pensiones de los Trabajadores del Área de la Construcción, el artículo 62 de la Ley No. 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social y el artículo 61 del Código Tributario (Ley No. 11-92), del 13 de abril del año 1998); el artículo 16, 17 y 65, párrafo II, de la Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; artículo 21, Párrafo IV, y 60 de la Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios; artículos 14 y 17 de la Ley No. 1832-48 de la Dirección General de Bienes Nacionales, los artículos 15, 23, 24, párrafo III, y 31 del Reglamento No. 6105-49 sobre Bienes Nacionales, y el artículo 146 de la Constitución de la República sobre proscripción de la corrupción”, expresa el Ministerio Público.
