SANTIAGO,RD,-Domingo Ureña, presidente del Partido de Acción Liberal PAL, en la provincia de Santiago y secretario de asuntos municipales llamo a la verdadera sociedad civil que cohabitan en los diferentes sectores de las ciudades hacer incidencia para que los alcaldes cumplan con la Ley 176-07 y darle participación a los munícipes en la gestión del desarrollo de los municipios y los gobiernos locales.
El artículo 252 de la Ley Municipal establece: “El Consejo Económico y Social Municipal es un órgano de carácter consultivo, integrado por miembros del ayuntamiento y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad consiste en propiciar la participación ciudadana y comunitaria en los procesos de diseño de los planes operativos, de planificación, y en la toma de decisiones para la gestión municipal”. Añadió Ureña
Más del 75% de los alcaldes y directores municipales incumplen con lo establecido en la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, donde en su momento se aprobó el mecanismo de los órganos de participación ciudadana en la gestión de los gobierno locales estos son: El Consejo Económico y Social Municipal, Los Comités de Seguimiento, El derecho de petición, El referéndum municipal, El plebiscito municipal y El cabildo abierto.
Los derechos de los comunitarios para intervenir en las ejecutorias de los presupuestos de los ayuntamientos se incrementaron, gracias a la acertada aprobación del Presupuesto Participativo Municipal (PPM). Las positivas relaciones entre los munícipes y las autoridades de los ayuntamientos, se legalizó con la Ley No. 170-07, promulgada el 13 de julio del 2007, la cual se incorporó, íntegramente, a la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, a través de 18 artículos, del 236 al 253.
Domingo Ureña refirió que implementación del PPM adquirió mayor relevancia política y social cuando se aprobó el Art. 206 de la Constitución de la República, vigente desde el 2010, en el que se ordena lo siguiente:
“La inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y corresponsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local.”
Desde el 2014, se está realizando en los 50 principales ayuntamientos del país, con el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP), que cuenta con el patrocinio de la Unión Europea, para lo cual aporta financiamiento y técnicos a través del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales (PASCAL). El SISMAP se lleva a cabo mediante investigaciones sistemáticas, exhaustivas, mensuales, acumulativas y debidamente sustentadas en evidencias objetivas que son procesadas, cada tres meses.
Consideramos que ha llegado el momento de iniciar los trabajos de reformar esta ley para dotarla de un marco legal actualizado acorde a la Carta Magna. Como lo manda el Art. 203 de la Constitución. La nueva ley podría exponer cuestiones que requieren un fortalecimiento legal para su aplicación como el ordenamiento territorial y la tributación municipal, de cara a mejorar la autonomía y descentralización de los gobiernos locales.
De igual manera, la participación ciudadana, la planificación de la gestión municipal y la rendición de cuentas son temas urgentes a los que dicha reforma deberá referirse. Los ayuntamientos podrían emprender el camino a convertirse en administraciones transparentes, dotadas de autonomía municipal, una gestión descentralizada con políticas locales diseñadas en un marco de planificación estratégica de los territorios.
Domingo Ureña: Los alcaldes hoy, Bonitos discursos pocos cumplimientos
