Por Hilario Ramírez
En la República Dominicana se disemina un fenómeno muy extraño en la conducta colectiva.
Cada cuatrienio, el pueblo elector parece olvidar a sus verdugos y, como si padeciera una incapacidad de aprendizaje, regresa a las filas del sufragio para elegir nuevamente a quienes terminan convirtiéndose en enemigos de la calidad de vida familiar.
Los fondos públicos administrados a través del Seguro Nacional de Salud (SENASA) fueron objeto de un escandaloso desfalco, atribuido a un grupo de personas vinculadas a sectores de poder económico, enmascaradas tras corbatas y chaquetas.
La mayor parte de esos recursos tiene su origen en los aportes que se descuentan de los salarios de los trabajadores, una sociedad laboral que también está obligada por ley a contribuir al sistema de pensiones mediante las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
A raíz de este fenómeno manipulador, que parece hipnotizar la capacidad de reacción de los sectores afectados, el panorama político permite la recreación de actuaciones idiotas en el reparto de un teatro que describe el desorden administrativo y la indiferencia de quienes son propietarios legítimos de esos recursos.
Todavía muchos no parecen comprender que permanece activa la trampa capicúa del juego oligárquico, cuyo golpe perfecto consiste en poner en riesgo la seguridad social de los dominicanos.
Esa clase explotadora no parece haberse conformado con el inhumano saqueo de los recursos destinados al sistema de salud pública.
El colmo de la burla, después de los escándalos internacionales relacionados con la corrupción en la administración pública dominicana, llega cuando también se compromete la esperanza de millones de trabajadores que han depositado su futuro en el capital acumulado por las AFP.
El Gobierno central habría dispuesto de múltiples millones de pesos de esos fondos para facilitar préstamos sin garantías suficientes de retorno, favoreciendo a sectores multimillonarios que, año tras año, continúan beneficiándose de un modelo económico que deteriora la calidad de vida de los dominicanos.
La sociedad dominicana debe revisar su comportamiento de aparente resignación, pues todos los indicadores sociológicos apuntan a una realidad preocupante: soporta la infidelidad de un sistema que no se conforma con pagar salarios de miseria, sino que, después de succionar la capacidad física de los trabajadores durante sus años productivos, los deja en la orfandad económica cuando llegan a la edad de retiro.
Es entonces cuando se desvanece la utopía de quienes creen que, al completar una cantidad determinada de cotizaciones, recibirán automáticamente la aprobación de una pensión digna y merecida.
La clase económica dominante ha esclavizado el espíritu de la Ley 87-01, convirtiendo sus promesas en sueños para los explotados de la maquinaria laboral.
Mientras los trabajadores, desarraigados de una verdadera protección social, acarician la esperanza de disponer algún día del capital multimillonario que se acumula en sus fondos de pensiones, el entramado de los sectores pudientes, con autorización congresual para administrar esos bienes ajenos, parece disfrutar de los privilegios de una riqueza que no les pertenece.
De esa manera, se hace tangible aquel dicho popular: «Lo que nada me cuesta, hagámosle fiesta».
Por su parte, las centrales sindicales parecen haber vendido al mejor postor corrupto ese hermoso espíritu de representación y defensa de las masas desvalidas. Aquellas organizaciones llamadas a levantar la voz frente a los abusos del poder económico y político han terminado proyectando una preocupante imagen de indiferencia y sometimiento.
Morir de vejez es parte del ciclo natural de la vida; morir de estupidez colectiva es permitir que otros decidan nuestro destino, aun cuando las evidencias de nuestros padecimientos están frente a nuestros propios ojos.
