Bonao, Monseñor Nouel,-El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), el Frente Integral de Lucha Nacional (FILNA) y otras organizaciones comunitarias colocaron al Gobierno frente a una nueva jornada de presión social con una huelga de 48 horas en Bonao, convocada para exigir respuestas a compromisos que, según sus dirigentes, permanecen incumplidos desde hace seis años.
La movilización, desarrollada entre el martes 13 y este miércoles 14 de octubre, tiene como principales reivindicaciones el asfaltado de calles, la reducción de las interrupciones eléctricas y de las facturas de Edenorte, el acceso al agua potable, el costo de los combustibles y la protección de los recursos naturales de la provincia Monseñor Nouel.
La protesta responde a una estrategia de articulación entre organizaciones populares, juntas de vecinos y representantes de sectores comerciales y empresariales, cuyos dirigentes sostienen que los mecanismos tradicionales de reclamación no han producido los resultados esperados.
Richard Ramírez, regidor municipal y vocero del movimientohuelgario, figura entre los principales promotores de la jornada, junto con Valentín Capellán, representante del FILNA. Ambos encabezaron los llamados a la movilización y reclamaron al presidente Luis Abinader respuestas que trasciendan los anuncios oficiales.
Durante la ratificación del paro, celebrada la semana pasada en el Bonao Country Club, Ramírez insistió en la necesidad de ejecutar las obras viales prometidas a las comunidades, mientras Capellán cuestionó la reiteración de compromisos gubernamentales sin resultados verificables.
Uno de los aspectos distintivos del movimiento huelgario es la convergencia de organizaciones con trayectorias y ámbitos de actuación diferentes.
El FALPO, el FILNA y otras agrupaciones barriales han procurado transformar reivindicaciones sectoriales en una agenda común, incorporando demandas que afectan tanto a las familias de los barrios como a comerciantes y pequeños empresarios.
Los convocantes consideran que el deterioro de las vías, las dificultades del suministro eléctrico y el encarecimiento de servicios esenciales constituyen problemas estructurales que requieren intervenciones coordinadas de distintas instituciones públicas.
En el centro de sus planteamientos figura una exigencia política, que las autoridades establezcan compromisos concretos, con responsabilidades institucionales y plazos de ejecución, en lugar de nuevas promesas sin resultados.
La amplitud de esta alianza representa un desafío para el Gobierno, porque reúne demandas que tradicionalmente han sido presentadas por separado y las convierte en una plataforma colectiva de presión.
La defensa del medioambiente ocupa un lugar relevante en la convocatoria.
Las organizaciones denuncian la extracción de materiales en el río Yuna y la deforestación en zonas de Monseñor Nouel, actividades que consideran perjudiciales para el equilibrio ambiental y la conservación de las fuentes hídricas.
Los dirigentes reclaman la intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para investigar estas operaciones, determinar su legalidad y adoptar medidas de protección.
Aunque las denuncias requieren comprobación técnica y administrativa, su incorporación al pliego reivindicativo amplía el alcance de la huelga más allá de las demandas tradicionales de infraestructura y servicios públicos.
La primera jornada estuvo marcada por incidentes en distintos sectores del municipio, donde se reportaron obstáculos en las vías, neumáticos incendiados y un amplio despliegue de agentes policiales y militares.
La tensión aumentó con la detención de Valentín Capellán de la Cruz, identificado como uno de los dirigentes convocantes, durante una intervención policial registrada el martes, posteriormentefue dejado en libertad.
El arresto provocó nuevas protestas en el sector Los Transformadores, donde manifestantes exigieron su puesta en libertad.
El episodio introdujo un elemento adicional en el conflicto, la actuación de los organismos de seguridad frente a una movilización que sus promotores habían presentado como una expresión del derecho ciudadano a reclamar soluciones.
Las informaciones examinadas no establecen de manera concluyente las circunstancias jurídicas de la detención, por lo que corresponde a las autoridades explicar los motivos de la intervención.
Los reportes sobre la primera jornada describen una paralización significativa en varios sectores populares, aunque el comercio mantuvo operaciones en parte del centro urbano.
Capellán estimó que alrededor del 70 % de los establecimientos permanecieron cerrados, mientras otros reportes locales situaron el seguimiento del paro en aproximadamente un 80 % en determinados barrios. Estas cifras corresponden a estimaciones de alcance diferente y no constituyen una medición independiente del municipio completo.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), suspendió la docencia presencial durante los dos días por razones de seguridad, aunque aclaró que la medida no implicaba su incorporación a las reivindicaciones de los convocantes.
Los promotores del paro han advertido que la ausencia de respuestas podría conducir a nuevas jornadas de movilización, una posibilidad que mantiene abierto el conflicto más allá de las 48 horas inicialmente anunciadas.
El proceso huelgario de Bonao pone nuevamente en discusión la relación entre las organizaciones populares y las instituciones responsables de atender las necesidades de las comunidades.
Para el FALPO, el FILNA y las demás agrupaciones convocantes, el problema central no se limita a la falta de determinadas obras, sino a la distancia entre los compromisos anunciados y su ejecución.
Esa percepción explica que los dirigentes hayan optado por una paralización de actividades como mecanismo de presión, pese a las consecuencias económicas, educativas y sociales que una huelga de esta naturaleza puede generar.
La protesta también plantea responsabilidades para sus organizadores, llamados a garantizar el carácter pacífico de las manifestaciones, y para las autoridades, obligadas a proteger tanto el derecho a protestar como la seguridad de la población.
La jornada entra en pocas horas a su día final sin que las informaciones verificadas permitan establecer la existencia de un acuerdo integral entre las organizaciones convocantes y el Gobierno.
Para los dirigentes populares, el resultado decisivo no será únicamente el nivel de acatamiento alcanzado, sino la posibilidad de obtener soluciones a las demandas que dieron origen al movimiento.
Bonao podría recuperar su actividad cotidiana al concluir la huelga, pero el FALPO y las organizaciones que impulsaron la protesta mantienen una advertencia política, sin respuestas concretas, el conflicto social seguirá abierto.
