Higüey,-La Región Este llevó este domingo a las calles de Higüey sus reclamos de justicia social, fiscal y ambiental. La marcha, exitosa en términos de asistencia según el balance compartido por sus promotores, reunió las demandas de trabajadores cañeros, comunidades campesinas, organizaciones de mujeres, movimientos ambientales y sectores populares de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana y San Pedro de Macorís.
«No aguantamos más abusos» fue la expresión que condensó el sentido de la jornada. El manifiesto leído durante la movilización denunció la contradicción entre la riqueza que produce la región y las carencias que padecen quienes la sostienen con su trabajo: falta de agua potable, apagones, salarios insuficientes, dificultades de acceso a la salud, desalojos y deterioro ambiental.
La movilización se desarrolló con una alta presencia militar que controlaba la ruta, según lo informado desde la actividad. Ese despliegue acompañó una jornada en la que las organizaciones reclamaron, precisamente, el respeto al derecho a protestar y el fin de los abusos y la violencia estatal.
La deuda social exige respuestas
Las organizaciones exigieron que el Estado comience a saldar su deuda con los trabajadores y las comunidades del Este. Reclamaron respuestas para los cañeros, los peregrinos de El Seibo y las comunidades de Bayahíbe, Santana, Hato Mayor, Boca de Yuma, San Pedro de Macorís, La Romana y los barrios de Higüey.
El manifiesto planteó una exigencia concreta: compromisos públicos con responsables, recursos y fechas de cumplimiento, sometidos a la vigilancia comunitaria. El reclamo busca superar las reuniones sin resultados y las promesas que nunca se cumplen.
Las pensiones dignas para los trabajadores cañeros ocuparon un lugar destacado. También se exigieron la protección frente a los desalojos arbitrarios, el respeto a los derechos sobre la tierra y el acceso a las playas y al patrimonio público. El documento señaló que el Central Romana y las corporaciones turísticas e inmobiliarias deben responder por sus obligaciones laborales, territoriales y ambientales.
Salud, soberanía y una vida sin violencia
La marcha reclamó destinar al menos el 5 % del PIB a la salud y sustituir el modelo de intermediación y lucro de las ARS y las AFP por una seguridad social solidaria. Exigió, además, medidas efectivas contra los feminicidios, protección para las mujeres e investigación y sanción de las ejecuciones extrajudiciales y de los abusos policiales.
La defensa del agua y de los territorios se vinculó al rechazo a los proyectos mineros que amenazan fuentes de agua, tierras productivas y comunidades. En materia de soberanía alimentaria, el manifiesto llamó a proteger la economía campesina y el arroz dominicano frente a importaciones subsidiadas y decisiones comerciales que pongan en peligro la producción nacional.
Las organizaciones también reivindicaron los derechos de la población dominicana de ascendencia haitiana y de las personas con discapacidad, y rechazaron el racismo y todas las formas de discriminación.
Después de la marcha, organización
Uno de los planteamientos políticos centrales fue dar continuidad a la movilización mediante organizaciones autónomas, asambleas comunitarias y la coordinación entre las distintas luchas.
La concurrencia constituye un logro. El desafío que deja la jornada es convertir esa participación en una fuerza organizada: incorporar nuevos activistas, fortalecer el trabajo en las comunidades y fiscalizar las respuestas de las autoridades.
«Nos hemos levantado y nos mantendremos de pie», proclamó el manifiesto. En Higüey, ese compromiso dejó marcada la tarea que sigue: sostener la lucha hasta que las demandas se conviertan en derechos efectivos.
