Por Hilario Ramírez
El Gobierno del Cambio manipuló el cerebro colectivo para convencerlo de la promesa de transformar el Estado mediante la transparencia y la ética pública.
Cada tema de la cotidianidad trae a colación la infiltración de la corrupción en diferentes ámbitos de la administración pública.
En el municipio de Santiago, con la anuencia de algunos comunicadores, el Gobierno distribuye recursos económicos bajo el sello del Ministerio de Turismo, depositados en el afamado Clúster Turístico, en calidad institucional.
De acuerdo con información difundida por los conductores del espacio de opinión radiofónico y televisivo Los Opinadores, el Ministerio de Turismo habría entregado al Clúster de esa provincia 900 millones de pesos, con el propósito de remozar las estructuras del Centro de la Cultura de Santiago.
Como un sarcasmo en perjuicio de los santiagueros, la denuncia adquiere mayor relevancia ante las supuestas oscuras intenciones atribuidas al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo: privatizar el centro ubicado entre la Gobernación Provincial y la Catedral Santiago Apóstol, dejando su administración en manos de PROCIGAR.
¡Cuántas razones tuvo el ingeniero Ramón Alburquerque cada vez que sostenía su tesis de que «el Gobierno de Luis Abinader es de empresarios», lo que, según su planteamiento, significa que fue concebido para la burguesía y sus descendientes «popy»!
El periodista Esteban Rosario dejó correr su pensamiento crítico en defensa de la transparencia y de una administración ética de los bienes públicos, al cuestionar las maniobras y modalidades que, según su denuncia, podrían estar vinculadas a intereses particulares dentro de ese entramado relacionado con Turismo.
Esta efervescencia crítica toma auge, puesto que no se detiene en la perspectiva planteada por el autor del libro Los dueños de la República Dominicana, sino que también empiezan a anunciarse diversas actividades con matices de protesta para impedir que los ministros del Gobierno de Abinader se consideren dueños y señores del destino institucional del país y de su desenlace económico, mediante el traslado del manejo de fondos públicos hacia el sector privado empresarial.
Es una vil burla justificar la privatización o entrega de la administración de una institución estatal bajo el argumento de carencias financieras, mientras, simultáneamente, se anuncia o entrega una partida millonaria sustentada en el pretexto de ejecutar una obra que, según las denuncias, no habría sido realizada.
Los dominicanos tienen actualmente en remojo los límites de su tolerancia, en un símil simbólico que podría traducirse en un «Muro de las Lamentaciones».
Mientras tanto, el presidente parece quedar entre la oración y la acción: «a Dios rogando y con el mazo dando», a través de sus funcionarios.
